Debemos avanzar como comunidad de la visión del agua como servicio público y mercancía, al derecho humano al agua, a los derechos del agua, el territorio, la ciudad y el campo.

La gestión de la EAAB, no garantiza el derecho humano al agua. Tampoco tiene como objeto la gestión y las políticas sociales en favor de los usuarios y de la población menos favorecida. Por ejemplo, lo mencionó la Gerente de la Empresa de Acueducto, frente a los plazos para el pago del servicio de agua, así como los descuentos del 100% del interés, culminando con soluciones transitorias y problemas a futuro de los ciudadanos.

Bogotá no se puede quedar sin un instrumento que garantice un mínimo vital de agua potable, debido a que sus habitantes y en especial beneficiarios adquirieron unos derechos que tienen conexidad con la salud y la vida, y su extinción sería un retroceso en perjuicio de la sociedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos del territorio distrital.

Esperamos la voluntad de la administración, mientras nos disponemos a la creación de una Comisión Accidental del Plan Distrital del Agua, como antesala de la Mesa Técnica que evaluará el primer decenio del PDA, y LA PROYECCIÓN DE SUS PRÓXIMOS 10 AÑOS, EN CLAVE DE GOBERNANZA, VITALIDAD Y BIOCULTURA.

No se debe dejar de lado la posibilidad de una re contextualización del P.D.A. que permita garantizar con mayor efectividad sus objetivos en el marco de la Emergencia económica y social generada por el Covid-19, y los abruptos cambios que causó este en el modelo de vida en sociedad.

A pesar de los obstáculos y poca ejecución del Plan Distrital de Agua en este primer periodo, rescatamos entre otros, la estrategia del mínimo vital al agua, que garantiza 6 metros cúbicos de agua potable a estratos 1 y 2, ya que su finalidad implica desvincular en cierta medida la percepción del agua como un servicio público y observar desde una óptica de derecho humano.