Pueblo y con ello una profunda vulneración a los derechos humanos, que al día de hoy no ha sido reparado e incluso, sigue siendo un hecho impune que no ha sido debidamente tramitado por la justicia interna colombiana, con lo cual se presentan nuevos elementos revictimizantes.

Es una memoria atravesada por múltiples violencias colonizadoras, coloniales y armadas, que ha impactado en la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, quienes han sido victimizadas una y otra vez, y que en el caso del Pueblo Arhuaco ha concluido con la declaratoria de riesgo de exterminio físico y cultural por parte de la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009, proferido en seguimiento a la Sentencia de Tutela 025 de 2004.

Con base en los reportes del Observatorio del Caribe, entre el 2018 a 2019, en once municipios se presentaron seis líderes sociales asesinados, un atentado y 42 personas desplazadas.

Por otro lado, según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, en los últimos 20 años, en los municipios que hacen parte de la Línea Negra, se han activado 120 alertas, en su mayoría por amenazas líderes sociales, homicidios, reclutamiento por presencia de grupos armados como las Autodefensas Conquistaras de la Sierra Nevada, EPL, Los Giraldos, Los Pachencas, AGC, Águilas Negras.

Así mismo, hemos denunciado ante la Fiscalía General de la Nación hechos de violencia particulares como el atentado contra la vida e integridad de la lideresa indígena del pueblo Arhuaco Maria Yoleida Pérez Torres el día 6 de abril de 2021, en la comunidad Birwa en la región de Azúcar Buena de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, hemos denunciado los hechos de violencia en contra de las comunidades Wiwa de Seyamake sobre la quema de los centros sagrados y ceremoniales el 15 de diciembre de 2021, así mismo denunciamos los hechos ocurridos el miércoles 26 de enero de 2022 en el centro ceremonial del Pueblo Kogui en Waiumuke (Parquecito) ubicado en el municipio de Dibulla del departamento de la Guajira, en los que resultaron quemados las casas sagradas y ceremoniales de estas comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, conductas presuntamente cometidos por colonos y grupos paramilitares, que vienen reposicionándose en estos territorios por el control territorial y por intereses extractivos de minería ilegal de oro.

Según información del IDEAM, el deshielo en la Sierra Nevada de Santa Marta ha tenido un retroceso de 3.600 hectáreas en los últimos cuatro años. Siendo una de las causas el monocultivo de palma de aceite, la minería y el cambio climático.

En el departamento del Cesar, la plantación de palma de aceite asciende a 81.988 has, en la Guajira 1.176 has y en el departamento del Magdalena 59.137 has. Lo que corresponde un 10% de la producción nacional. Dentro de la línea Negra, el área disponible para el cultivo de la palma es de 168.313 has, lo que equivale a más o menos la mitad del área del departamento del Atlántico. Siendo de aptitud alta 77.984 has, aptitud baja 4.711has, aptitud media 85.624 has. En este caso, áreas de aptitud alta y media se traslapan con los resguardos de la SNSM.

Así mismo, en las plantaciones de palma, tienen injerencia varios intereses transnacionales y de capital nacional. Esto no fortalece la economía local, y pone en riesgo los suelos, las cuencas, subcuencas y los asentamientos indígenas. En fin, se promueve la deforestación, la ampliación de la frontera agrícola, degradación de las propiedades físico químicas del suelo, la intervención en las cuencas y subcuencas y la contaminación a los cuerpos de agua, lo que genera reducción en el suministro de agua.

El área total de la figura de Parques Nacionales Naturales dentro de la línea Negra es de 425.188has, que comprende los Parques, Ciénaga Grande de Santa Marta, Los Flamencos, Sierra Nevada de Santa Marta y Tayrona.

Esta categoría de conservación, puede estar diseñada para incentivar el turismo en estos territorios. Cerca de 6.900 turistas entran diariamente al Parque Tayrona, y tan solo el 3,14% de las 15.000 hectáreas del Parque Tayrona podrían ser destinadas para servicios ecoturísticos (cabañas, zonas de camping, restaurantes ecotiendas, enfermerías, vías, y demás). Lo anterior genera de una manera u otra, afectaciones a los ecosistemas y la cultura del territorio.

Esta, termina siendo una figura de conservación pobremente diseñada sin participación ciudadana que causa conflictos que dificultan la gobernanza. No es todavía claro qué labor tendrán las comunidades indígenas en las zonas de Parques Nacionales Naturales para la visita de los “hermanos menores”.

Para el 2017, según la Agencia Nacional de Minería, dentro de la Línea Negra, se contabilizaban 146 títulos mineros vigentes; al mismo tiempo, para este año existían 328 solicitudes de nuevos títulos, muchos de estos se traslapan con el resguardo Kogui-Malayo-Arhuaco y Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Así mismo, muchos de los títulos y solicitudes de proyectos mineros se han realizado sin el correspondiente proceso de la consulta previa. Las empresas lo ven como un requisito, pero no como un consentimiento de participación ciudadana, determinando los impactos ambientales y culturales.

La presencia de Hoteles dentro de la línea negra es innumerable, pues las playas concentran la atención de los turistas, principalmente en Santa Marta. Sin embargo, un interés creciente por posicionar el turismo cultural al interior de la Sierra Nevada de Santa Marta ha posicionado servicios hoteleros principalmente en la cuenca del Río San diego, Palomino y en el municipio de Pueblo Bello.

Para la prestación de los servicios ecoturísticos en el parque Tayrona, la licitación no incluyó ni informó a las comunidades indígenas acerca del proceso. No hay capacitación ni posibilidad para los pobladores, por lo tanto, la participación es incipiente. La licitación se suspendió con el trámite de la acción de tutela interpuesta para garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las comunidades indígenas Bunkwimake, Jiwa, Seykwnaamake, Katunsama, Kandumake, asentadas en la Cuenca del Río San Diego y en Atgumake en la Cuenca del Río Palomino.

Casi en su totalidad, los hoteles y prestadores de servicios ecoturísticos hacen parte de un paquete de servicios empresariales e institucionales. El diseño del plan de ecoturismo es arbitrario a la cosmovisión indígena y la posibilidad para fortalecer los procesos comunitarios es pírrico.

Desde el mes de julio varios medios de comunicación anunciaban como “la gran noticia” la adjudicación de los estudios previos del Embalse Los Besotes y manifestaban que desde el mes de agosto del año 2020 el Departamento Nacional de Planeación convoco a la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial (Enterritorio) para la realización del perfilamiento del proyecto y posteriormente se suscribió contrato para la estructuración de la prefactibilidad y factibilidad del mismo. Esta actuación contradice el llamado permanente que hemos hecho desde los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, a proteger nuestro territorio y nos pone en alerta sobre la posible ausencia de garantizar el derecho fundamental a la consulta previa partiendo de los estándares nacionales e internacionales en la materia.

Con un área de inundación de 169 hectáreas, y una represa de 1,5 kilómetros de longitud y 52 metros de altura, se acumularían hasta 37,7 millones de metros cúbicos que irían al acueducto de Valledupar y a los distritos de riego de Callao, Ovejas y Corazones, destinadas a monocultivos.

Con un costo de $3.807.117.613 por adquisición de bienes y servicios, estudios de preinversión, fortalecimiento de la calidad de la inversión pública nacional el área de inundación, dejaría bajo el agua algunos lugares donde se hacen rituales de pagamento de los pueblos indígenas de la sierra. Además, causaría el desplazamiento de cerca de ochenta familias arhuacas de la comunidad Ikarwa, ubicada en esa zona. El río Dwamuriwa o río Guatapurí es la fuente hídrica más importante. Su origen glaciar mantiene vivos a más de 95.000 nacederos de agua, es la fuente más importante.

Las comunidades indígenas que hacen parte de la Línea Negra han estado regidas por la ley de origen y por todos los sistemas de pensamiento que forman territorialidades y sacralidades alrededor de un lugar que necesariamente requiere de unas reglas que deben respetarse para mantener el equilibrio de este mundo indígena. Todo lugar que sea sometido a algún cambio en contraposición a la ley de origen promoverá los conflictos y pondrá en peligro la permanencia física y cultural de las comunidades en el territorio.

Desafortunadamente, alteraciones antrópicas han transformado estos ecosistemas de forma drástica en algunos casos. Actualmente solo el 15% del área ocupada por los biomas de la SNSM no ha sido alterada. El bioma húmedo ecuatorial que corresponde a la zona húmeda del piso cálido desde cero a 1300 msnm, ha sido ampliamente deforestado para cultivos. El bosque tropical alternohígrico o caducifolio ha sido el área de mayor transformación de la SNSM y solo persiste un pequeño relicto. La selva subandina, caracterizada por ser de clima templado entre los 1 000 y 1 300 y los 2 300 y 2 500 msnm, aún se conserva en algunos sectores, como el occidente de la vertiente norte, mientras que en los otros sectores ha sido substituida por monocultivos de café y pastos. En la selva andina o selva nublada del piso térmico entre 2 300 y 3 300-3 500 msnm, predominan cultivos de tubérculos y ganadería. En el páramo, región fundamental para la producción de agua, la ganadería extensiva de los indígenas ha alterado extensos sectores.

“Durante los recorridos los Mama determinaron las afectaciones a una fracción importante de espacios sagrados visitados y las alteraciones consecuentes en la función espiritual y en su capacidad en “Se” de mantener su función ancestral. De los 515 espacios sagrados caracterizados durante los recorridos de la línea Negra en los años 2014 y 2015, fue posible hacer el análisis para 479 de estos espacios.”

“En de los 479 espacios analizados encontramos:

• 23 espacios sagrados están clasificados con afectaciones GRAVES, de estos 16 se deben a megaproyectos, 4 a la represa el Cercado, 1 a la malla urbana y sus edificaciones, 1 al puerto de Santa Marta, y 1 a vías en general. De estos 11 son cerros costeros, 7 son lagunas costeras, y el resto son otros espacios.
• 113 espacios están clasificados con afectaciones “ALTOS” o “MUY ALTOS”. De estos, 30 tienen afectaciones asociadas a la malla urbana de las ciudades y pueblos ubicados en el territorio ancestral, 25 a megaproyectos, 13 corresponden a áreas dentro del parque Tayrona básicamente por la guaquería, 11 a diferentes clases de vías, 9 a la minería, 7 se atribuyen a efectos de la agroindustria, 7 a la Represa el cercado, 2 a bocatomas, 2 a obras de alcantarillado, 2 a la piscicultura, 2 del tren del cerrejón, 1 a fincas y 1 al puerto de Santa Marta.
• 201 espacios sagrados están con afectaciones clasificadas como Medio – Bajos, Medio y Medio alto. De ellos, 46 se deben a afectaciones generadas por la malla urbana, 31 corresponden a la agroindustria, 24 por la represa el Cercado, 20 por obras relacionadas a vías, 17 en la zona del Parque Tayrona, 15 a actividades generales agrícolas y sus obras, 13 a la agroindustria y 9 a megaproyectos.
• 110 restantes se encuentran en medio bajo, bajo, muy bajo y Nulo. Se pueden adelantar acciones de reparación y evitar que se sigan afectando.”