Víctimas Étnicas en Bogotá siguen esperando verdad, justicia, y reparación.

En el marco del Debate de Control Político del Concejo de Bogotá, la concejala Ati Quigua invito a entender que el tema de las víctimas, más allá de estrategias administrativas y de mandatos legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país de sanar de manera real las profundas heridas que tenemos, en búsqueda de un camino de transformaciones reales para lograr la paz.

Este Domingo en la Comisión Segunda de Gobierno del Concejo de Bogotá, se realizó el Debate de Control Político sobre las víctimas del conflicto armado en Bogotá, en el cual la concejala Ati Quigua inicio su intervención pidiendo escuchar las balas y ver el ambiente hostil que viven a diario miles de habitantes en los territorios aún en conflicto, siendo los más afectados las niñas, niños y mujeres indígenas, denotando profundo dolor por la vil muerte de Luz Helena Caizamos, niña embera de nueve años, asesinada en el resguardo Geandó, ubicado en el municipio Alto Baudó en Chocó.

El conflicto armado ha afectado de manera desproporcionado a los Pueblos Indígenas y Pueblos Étnicos en el territorio colombiano. Innumerables sentencias y reconocimiento legales y jurisprudenciales dan cuenta de las acciones sistemáticas que afectan la vida y pervivencia física y cultural de los pueblos ancestrales.

De las 9.031.048 de víctimas reconocidas en el Registro Único de Victimas 1.143.091 pertenece a comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueros (NARP), 383.641 a pueblos indígenas y 10.002 del pueblo Rrom.

Lo anterior muestra que el 20,13% de la población indígena ha sido víctima de un conflicto, que no sólo se originó en el marco del conflicto armado, sino que tiene que ver con las violencias continúas reproducidas desde la conquista, colonia, república hasta nuestros días, y que se manifiestan y agravan con la evangelización, la economía extractiva y las múltiples causas del exterminio físico y cultural de los pueblos. A pesar de las adversidades, las víctimas en diversos contextos intentan mantener un vínculo profundo con el territorio. De la misma manera 38,33% de las comunidades NARP.

En Bogotá la situación no es diferente. Según las últimas cifras del DANE hay asentadas en Bogotá 19,063 indígenas, de los cuales 13.118 son reconocidos por el RUV como víctimas. Es decir que de acuerdo con estos datos el 68,81% de la población indígena que vive en la capital es reconocida como víctima del conflicto (7 de cada 10).

Las funciones del distrito se desprenden de la corresponsabilidad que deben tener las entidades municipales y distritales en garantía de derechos de las víctimas en todo el territorio nacional entendiendo que el conflicto armado no es solo una responsabilidad del Gobierno Nacional sino del Estado en su conjunto.

Es necesario entender que el tema de las víctimas, más allá de estrategias administrativas y de mandatos legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país. La necesidad de sanar de manera real las profundas heridas que tenemos es un paso necesario en búsqueda de un camino de transformaciones reales. El perdón, el dialogo constructivo, la sanación, son pasos que como sociedad debemos dar para abrir mentes y corazones a un nuevo despertar. Sera un paso vital encontrar una calma colectiva que nos permita reinventarnos, volviendo a un equilibrio verdadero donde se termine la guerra entre nosotros y contra la naturaleza.

Estamos en un momento vital y la administración debe estar a la altura del mismo. Garantizar un verdadero diálogo constructivo en el proceso de concertación del que habla el Articulo 66 del Plan Distrital de Desarrollo es un inicio para trazar una nueva ruta donde los derechos de las víctimas de pueblos y comunidades étnicas incluyan acciones verdaderamente reparadoras. Aplicar los mandatos incluidos en las sentencias de la Corte Constitucional sobre la implementación de PDETs y la materialización del Capítulo Étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera son acciones mínimas que deben aplicarse inmediatamente.

Debemos, como país y como ciudad, dar un paso consciente hacia la descolonización y erradicación de la discriminación estructural e institucional creando herramientas e instrumento de planeación y política pública que evidencien de manera expresa el enfoque étnico y las apuestas que a dicha población son dirigidos.

Los pueblos y comunidades étnicas hemos caminado de tiempo atrás la palabra de la paz y construcción de la justicia social para todos los miembros de nuestro país.

Hoy reiteramos diciendo:

¡CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA!

Oficina de Comunicaciones

H.C Ati Quigua