Mínimo Vital Para los Pueblos Embera

El conflicto armado ha afectado de manera desproporcionado a los Pueblos Indígenas y Pueblos Étnicos en el territorio colombiano. Innumerables sentencias y reconocimiento legales y jurisprudenciales dan cuenta de las acciones sistemáticas que afectan la vida y pervivencia física y cultural de los pueblos ancestrales.
Hoy en día persisten las violencias continúas reproducidas desde la conquista, colonia y la actual república, y que se manifiestan y agravan con la evangelización, la economía extractiva y las múltiples causas del exterminio físico y cultural de los pueblos. A pesar de las adversidades, las víctimas en diversos contextos intentan mantener un vínculo profundo con el territorio.
En Bogotá la situación no es diferente. Según las últimas cifras del DANE hay asentadas en Bogotá 19,063 indígenas, de los cuales 13.118 son reconocidos por el RUV como víctimas. Es decir que de acuerdo con estos datos el 68,81% de la población indígena que vive en la capital es reconocida como víctima del conflicto (7 de cada 10).
347 personas, de ellos 221 niños y niñas, habitan hoy el parque Tercer Milenio víctimas de una larga cadena de vulneraciones a sus más vitales derechos. Desde finales de 2019 e inicios del 2020 la Administración Distrital identifico una nueva ola de desplazamientos de miembros de comunidades Embera Chami y Embera Katio provenientes de Choco y Risaralda. Conflictos generados como consecuencia de la explotación minera en sus territorios es la razón manifestada por la comunidad como causa para encontrarse deambulando por las calles bogotanas. Fueron principalmente familias diferentes a las que participaron en retornos realizados en los años 2012, 2013, 2014 y 2018.
La pandemia del COVID-19 puso en evidencia las difíciles condiciones de vida de millones de colombianos que no cuentan con garantías mínimas para sobrevivir en estos tiempos. La necesidad del actuar coordinado de las instituciones trabajando mancomunadamente para dar soluciones en tiempos críticos parecía ser un consenso como sociedad.
Desde el 6 de mayo, una acción judicial ordena a la administración y al Gobierno Nacional brindar garantías de alojamiento, alimentación y apoyos durante toda la pandemia a TODA la población Embera que se encuentra en Bogotá.
Las funciones del distrito se desprenden de la corresponsabilidad que deben tener las entidades municipales y distritales en garantía de derechos de las víctimas en todo el territorio nacional, entendiendo que el conflicto armado no es solo una responsabilidad del Gobierno Nacional sino del Estado en su conjunto.
A pesar de grandes cantidades de dinero invertidas, una parte de la población sigue durmiendo en la calle. Este es un tema de humanidad. Respuestas técnicas de acciones adelantadas para mostrar lo mucho hecho no exculpa a los responsables de la triste consecuencia: la actual presencia de 347 miembros de una comunidad indígena durmiendo en la calle de la ciudad más rica de nuestro país.
Desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS, en el Concejo de Bogotá, radicamos y priorizamos la Proposición para Debate de Control Político 660 de 2020 con el tema: Los Pueblos Embera como ejemplo de resistencia y afectación histórica, a realizarse el próximo 10 de septiembre desde las nueve de la mañana en el Cabildo Distrital, en sesión semipresencial de la Comisión Segunda de Gobierno, y a la cual se encuentran citadas la Secretaria Distrital de Gobierno, Secretaria Distrital de Salud, Secretaria Distrital de la Mujer, Secretaria Distrital de Integración de Integración Social y la Alta Consejería para Los Derechos De Las Víctimas; mientras que del orden nacional fue invitada la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Es necesario entender que el tema de las víctimas de la violencia como es el caso del Pueblo Embera, más allá de estrategias administrativas y de mandatos legales, proviene de una necesidad histórica que tenemos como país. La necesidad de sanar de manera real las profundas heridas que tenemos, es un paso necesario en búsqueda de un camino de transformaciones reales y asunción de responsabilidades colectivas.
Bogotá si quiere ser la capital de la paz, debe superar la violencia cognitiva y estructural, debe ser garante de plenos derechos para quienes no tienen más que sus vidas y con ella la desesperanza aprendida.

Ati Quigua.
Concejala de Bogotá.
Vocera Distrital del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS.