Ati Quigua reitera que Colombia debe ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo

 

La lideresa indígena Arhuaca y Concejala de Bogotá destacó que resulta fundamental la adopción de este instrumento ante los fenómenos de racialización de la pobreza y de la justicia, y del uso de la fuerza por parte del Estado.

La Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de Intolerancia (CIRDI) busca reconocer la desigualdad e inequidad que existen en la región a consecuencia del racismo y la discriminación racial, identificando explícitamente al pueblo afrodescendiente e indígena como sus principales víctimas, y hace un llamado a los Estados a combatir estos flagelos.

En el evento Colombia: En su camino por la Ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, se recordó que han pasado siete años desde que el país firmó la Convención pero aun no concreta su adhesión o ratificación, menos aún acciones para su implementación. Diferentes panelistas expusieron sus posturas sobre los retos y oportunidades que tiene Colombia para implementar este instrumento.

La Concejala Ati Quigua reconoció que aunque Colombia es uno de los Estados con una Constitución más progresiva en el reconocimiento de derechos de la diversidad étnica y cultural, tras treinta años de su promulgación persisten retos que muestran la permanencia de un racismo estructural que impide su materialización.

Así, expresó que para referirse al racismo estructural e institucional y cómo se manifiesta, es importante reconocer los sistemas de conocimiento de los Pueblos de la diversidad étnica: “No podemos hablar de justicia social y como superar la desigualdad si no superamos el racismo epistémico, lo primero que quiero decir es que, en nombre de las mujeres indígenas, no podemos seguirlas llamando analfabetas por el hecho de que no se pueden expresar en los idiomas dominantes”.

Además, aseguró que el Estado colombiano sigue desconociendo los Sistemas de Gobierno de los Pueblos y Comunidades Indígenas para la toma de decisiones: “Por ejemplo, cuando el presidente Iván Duque fue a organizar la PreCOP… cómo no va a invitar a los Pueblos Indígenas de la Amazonía, y más aun a las Mujeres Indígenas de la Amazonía, si su sistema de conocimiento está asociado a la biodiversidad. Estamos hablando de la interrelación entre el sistema de conocimiento y los territorios… es fundamental el respeto a los territorios y a la seguridad jurídica de los derechos territoriales; para ello es fundamental el cambio del modelo de desarrollo al Buen Vivir de nuestros pueblos, lo que implica una revisión a los modelos económicos hoy”.

Según la Concejala, el Gobierno Nacional aun desconoce los sistemas de Gobierno de los Pueblos Indígenas, los cuales reivindican una relación de Gobierno a Gobierno: “Un Estado represor que sigue imponiendo su lógica institucional fragmenta las formas de gobierno propio y vulnera todos los derechos que se han ganado en materia de autonomía y libre autodeterminación… es clave avanzar en la adecuación de una arquitectura institucional que permita la coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y la Jurisdicción Ordinaria, y avanzar en unos marcos teóricos par la adecuación institucional y el ordenamiento territorial”.

Ati Quigua alertó sobre la situación de extermino físico y cultural y sobre los conflictos socioambientales que son exacerbados por la lógica colonial del Estado colombiano, y concluyó que “los Pueblos Indígenas están comprometidos en seguir construyendo la paz profunda, que es la paz con la naturaleza desde el Buen Vivir no solo para los Pueblos Indígenas sino para Colombia y el mundo”

Para que Colombia ratifique su compromiso con la Convención Interamericana contra el Racismo, debe desarrollar un proceso que implica depositar formalmente determinados instrumentos ante la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA). Al entrar en vigor la Convención permite, entre otras disposiciones, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH reciba denuncias o quejas de violación de la CIRDI por un Estado Parte que provenga de individuos, grupos de personas o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas.

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